jueves, 30 de enero de 2014

El profesor Mocca y el teniente general Milani

“Los marineros  se afanaban día y noche achicando el agua de la sentina. Cada día que pasaba, a línea de flotación estaba más abajo”. Pablo de Santis, Crímenes y jardines. Buenos Aires, 2013, Planeta.


En 1968 en la República  Federal Alemana con el arbitrio de una prescripción, la ley Dreher posibilitó que los jerarcas nazis, de menor responsabilidad presunta que no habían sido condenados, ocuparan cargos de responsabilidad política y judicial. No había norma constitucional que se opusiera a ello.
En Página 12 del 12 de enero el politólogo y periodista o, como prefiere ser anunciado, analista político, Edgardo Mocca, hace la defensa del nombramiento como jefe del  ejército del, ahora, Teniente General  Milani. Allí sostiene que el ascenso y la designación “se hicieron según lo disponen la Constitución y las leyes”.
Como es sabido, la decisión de la titular del Poder Ejecutivo fue objetada por organismos y figuras representativas  de la defensa de los derechos humanos, en particular por Centro de Estudios Legales y Sociales. Sin embargo el profesor Mocca, para enunciar sus argumentos, prefiere polemizar con el diario La Nación. Puede suponerse que las razones de esta elección se basen en la popularidad del medio, lo que podría mellar la confianza de esos sectores populares en el modelo de desarrollo con inclusión del gobierno nacional y popular o que los argumentos del diario de los Mitre sean más serios o importantes que el de los mencionados organismos y referentes.
Es probable también que las objeciones de La Nación, fundadas en los argumentos genocidas de la dictadura  sean  más vulnerables y  más fáciles de impugnar dada  la trayectoria de la patricia familia. De todos modos la verónica para eludir la impugnación directa, en particular al informe del CELS, sólo ha podido ser resuelta mediante una serie de sibilinas conjeturas en las que Mocca pretende encubrir su posición de encomio a las decisiones discrecionales de la Jefa Suprema de las Fuerzas Armada y la reedición del argumento de la obediencia debida.
De todas maneras su posición es coherente con la ya clásica estrategia mediática de este gobierno. Descender los cuadros de papel para ascender a los cuadros de carne y hueso. Renegar de los noventa para poblarse de ucedeístas. Condenar al FMI y honrar la deuda, negociar con los buitres, Marsans y el Club de París.  
Con pretensiones gramscianas el académico nos informa que la cuestión no es jurídica ni ética sino política, de  relaciones de fuerza. Donde conviven razones estratégicas y conceptuales. Así: dada la “realidad cada vez más conflictiva del capitalismo realmente existente, no parece prudente una política de liquidación de los propios recursos de la defensa nacional”. Lo que parece querer decir que debemos estar preparados para algún conflicto.    
Como vimos el ascenso y designación es una cuestión política cuya iniciativa corresponde a la Presidenta de la Nación, a la vez comandante en jefe. Tratando el mismo asunto en el programa televisivo 6,7,8 el  periodista afirmó que eso significa que el Poder Ejecutivo es soberano. Y cuando le cupo defender la llamada Ley de Defensa de la democracia, frente a las objeciones de los sectores que la consideraban un retroceso anti-democrático, el señor Mocca adujo que las razones de la Presidenta seguramente se fundarían en alguna  “Razón de Estado”, que como tal se trata de una decisión soberana no sujeta a discusión.
Son esas las cuestiones conceptuales cuyo significado el profesor Mocca no puede ignorar. Se debe suponer que sabe que significa el absolutismo y quien fue el Cardenal Richelieu.
Con esa idea estratégica y esas conceptualizaciones el periodista elabora la defensa. Claramente inescrupulosa. Para el abogado de Milani, en definitiva, no nos debe importar si tiene alguna responsabilidad en la desaparición del soldado. La vieja chicana leguleya del “no ha sido probado”, válida en un estrado judicial, Mocca, que dice que el asunto no es jurídico, la traslada al ámbito político.
El periodista, que afirma que no se trata de una cuestión “ético-moral” [sic] sostiene que, de haberla, estaría lavada por su posterior conducta: acaso el renunciamiento moral (aparente, porque tampoco ha sido probado) a reconocer una culpa pasada tenga que ser evaluado junto con su comportamiento real en los últimos años”.
Y parece ser que la razón de Estado de la Presidenta soberana tampoco ha desatendido esa cuestión moral, que para el propio Mocca no sería pertinente. La Presidenta es más benévola que el analista. “La decisión política de la Presidenta no significa una devaluación de la importancia de las cuestiones morales involucradas en la conducta de Milani. Sería así, por ejemplo, si se aceptara en homenaje a la realpolitik actual que un probado represor de la dictadura ocupara un cargo jerárquico en el ejército o en cualquier otra institución dependiente del gobierno. No es el caso del jefe  del Ejército.”     
En ejercicio de la soberanía y la “razón de Estado” la Presidenta podría haber nombrado a un represor, sólo significaría una devaluación de la importancia de las cuestiones morales.
Y lo podría haber hecho porque, además, otros lo hicieron. Grande la Presidenta, no nombró a un “probado represor de la dictadura” que estuviese en condiciones de ejercer el cargo. Si quedara alguno, claro.   
Pero, por las dudas, porque la alcahuetería tiene el límite de quedar pegado, Mocca afirma: Tampoco se trata de un `inocente´. Claramente no los hay entre quienes formaban parte de los cuadros militares de la época de la barbarie dictatorial y no son tan abundantes en la sociedad argentina tomada en su conjunto. Eso no impidió que muchos de esos militares condujeran a las fuerzas durante estos treinta años de democracia. Más aún, sobre muchos de los que ocuparon diferentes niveles de conducción militar pesaban antecedentes mucho más graves, pasados y actuales, que aquello de lo que se acusa a Milani”. No hay cuadros inocentes y éste, que tampoco lo es, puede conducir la fuerza en democracia porque otros lo han hecho. En suma, “es lo que hay”, dice nuestro politólogo.
Pero siempre queda,  para el caso de que se comprobara el delito de lesa humanidad (expresión que Mocca parece ignorar) un último recurso: la obediencia debida: “no se acusa a Milani de asesinar o torturar sino de firmar un documento burocrático que atestigua la `deserción´ de un soldado que en realidad había sido secuestrado y asesinado; una acusación, hay que aclarar, que no ha sido probada. Es probable que la falacia del documento firmado fuera conocida por el entonces subteniente Milani; estaríamos ante una conducta indudablemente culpable, a lo que podría agregarse la posterior negación de ese conocimiento. Es decir que estaríamos ante el caso de un oficial de muy baja graduación que no tenía entonces ninguna posibilidad cierta de evitar el asesinato de un soldado, que formaba parte de una maquinaria de poder vertical y férreamente disciplinada y que condescendió –sin muchas posibilidades de negarse– a poner su firma en un documento encubridor”.   
Según nuestro “analista político” se trata de “enmarcar su análisis en una mirada de conjunto, capaz de establecer la jerarquía de las distintas cuestiones que están en juego”.
Quiero pensar que, probablemente, en algún tiempo, el hoy profesor, hubiera pensado que en realidad se trata de otra cosa menos “académica”. De un soldadito a la fuerza de la leva, un colimba, frente al poder, no de un pobre joven subteniente que firma informes burocráticos, sino de un joven que eligió voluntariamente un uniforme pintón para hacer la “carrera de las armas” en el tristemente glorioso ejército argentino. Nacional, popular y democrático.  De la opresión frente a la materialidad del poder. De la impunidad.
Mocca optó, percibe la soldada.
No se trata de la ética de Milani, ni siquiera de la Presidenta de la Nación. Es la de un cagatintas.

Edgardo Logiudice
Enero 2014.