Es
al menos llamativo que nada menos que Clarín,
que bogó por el rápido pago a los fondos buitres, publicara el 17 de mayo de
este año en la sección Opinión, página impar, un artículo del economista Rubén
Lo Vuolo, en su momento asesor de Carrió y últimamente de Stolbizer, con una
furibunda crítica al capital financiero. Y, el mismo día, en Página 12, lo hiciera con otro de Mónica Peral Ramos, en
su momento elogiada por Cristina Fernández,
en el que sostiene que el “talón de Aquiles de Macri” es el
endeudamiento que atenta contra las inversiones en infraestructuras que son las
que generarían el desarrollo que genera empleo.
Cabría
tomar nota ahora del anuncio de Prat Gay de la presentación próxima de un
proyecto de asociación pública privada
para inversiones y la propuesta del Presidente de la Comisión de Valores del
funcionamiento de éste como un ente autónomo.
En
diciembre de 2014 la sección Noticias de la página del Banco Mundial publicó
una nota sobre los proyectos público-privados en infraestructura. Dice allí que
las APP están de moda en América Latina. Cita la opinión del gerente para A.L.
de la unidad de APPs de la Corporación Financiera Internacional, órgano del
B.M. enfocado al sector privado.
“América Latina se enfrenta a una desaceleración
económica después
de una década de bonanza […]. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay
que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales eléctricas para
cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos”. Sostiene aumentó
la relevancia de la inversión de los fondos en energía, transporte,
telecomunicaciones y agua y saneamiento. “Según los expertos, las dos grandes
ventajas de las APP son, primero movilizar financiamiento privado para que los
gobiernos no tengan que recurrir a sus recursos, a veces escasos sobre todo en
épocas de turbulencias económicas; y segundo, contar con el conocimiento y el
manejo gerencial y técnico del sector privado en proyectos que antes eran
gestionados por el sector público”.
Desde que Kofi Annan, siendo Secretario General de la
UN, en 1999 dio luz verde anunciando en el Foro de Davos (el encuentro de los
mayores empresarios del mundo) la creación del Pacto Global, la injerencia de
los grandes grupos económicos en las decisiones de los organismos
intergubernamentales quedó oficializada, es decir legitimada. No sólo con su
participación en el Pacto sino, luego, con la creación del Grupo de Alto Nivel de Personas
Eminentes, entre ellas “250 directores ejecutivos de grandes corporaciones que
compartieron sus valiosas ideas y puntos de vista durante una serie de
consultas” para elaborar la Agenda de Desarrollo Post-2015. Éste Grupo decía
ya: “Las grandes empresas tienen dinero y experiencia para crear las
infraestructuras que permitan a todas las personas conectarse a la economía
moderna […] Se apoya un aumento de flujos financieros mejor dirigidos en el
sector privado; de apoyan los centros de asociación público-privado en el seno
de los distintos países; se fomenta la inversión extranjera directa en los
países en desarrollo…” “La fuente de financiación a largo plazo más importante
será el capital privado, proveniente de los grande fondos de pensiones, fondos
de inversión…”. Clarito.
El año pasado la UN aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Contó también con la participación del Grupo de Alto Nivel de
Personas Eminentes. En consonancia la
CEPAL, el mes pasado elaboró un Informe para nuestro continente, Horizonte
2030. Se trata de una fuerte crítica a la financierización.
“La
creciente desigualdad, la presión del ajuste externo sobre las economías más
débiles y la caída de la inversión junto con la multiplicación de los activos
financieros conforman un cuadro de incertidumbre y baja demanda agregada […].
Superar este escenario exige la construcción de bienes públicos para la
estabilidad y el pleno empleo a nivel global […] y una nueva arquitectura
financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el
apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital”. “La mayor
presencia e intervención del sector financiero en distintos ámbitos de la
actividad económica ha complicado la relación entre la actividad real y la
financiera. […] la esfera de lo financiero tiende a primar sobre la esfera de
lo real. Esto forma parte de un proceso de financiarización, definido como la
creciente importancia de los mercados financieros, las instituciones
financieras y las élites financieras en el funcionamiento de las economías y
sus instituciones de gobernanza, a nivel nacional e internacional”.
Plantea
que es urgente crear una nueva arquitectura financiera que cierre la brecha
entre la liquidez y extrema volatilidad y la productividad. “La inversión en infraestructura favorece
el cambio estructural progresivo orientando hacia la reducción de las
diferencias de productividad entre sectores y empresas de un país, al tiempo
que se fortalecen los vínculos con el exterior y se aprovechan las
oportunidades que ofrece la economía global.[…]. Finalmente “La trayectoria que
proponemos tiene como condición clave la participación
conjunta de los actores públicos y privados para incentivar la acción
colectiva en favor de un nuevo estilo de
desarrollo con aumentos sostenidos de la productividad y la
competitividad. También resulta indispensable ampliar el margen de maniobra de
los Estados de modo que puedan construir una plataforma de políticas de largo
plazo más allá de los ciclos electorales”.
Hay consenso entre
los economistas, analistas económicos, agencias y asesorías de negocios y
finanzas, consultores financieros, los propios
representantes de los grandes bancos, fondos y empresas, los organismos
multilaterales de crédito y, ahora las
instituciones intergubernamentales, en
señalar la presencia de lo que llaman hiper-
Liquidez, volatilidad y el consiguiente riesgo. Hay consenso también
en señalar una “saturación” de las deudas. Sea de las deudas soberanas como las
de los endeudamientos de hogares generado por el consumo. La llamada ingeniería
financiera, fundada en titularización de futuros y derivados ha generado una
distancia ingobernable entre el capital financiero y el productivo; se calcula
que la relación sistema financiero/ PBI global es de 25 a 1. De modo que esto
alerta a los actores económicos y políticos sobre el alto riesgo, por un lado
de incobrabilidad de los créditos y por otro de la ingobernabilidad no sólo de
los mecanismos económicos, sino políticos. Riesgos que, como ya lo indica la práctica,
hacen difícil nuevos “salvatajes” y “re-estructuraciones”. En el caso de los países emergentes se señala
el impacto de la caída de los precios de los productos primarios. En un marco
global de caída o estancamiento de la producción, llamada recesión, con el
consiguiente aumento del desempleo y la
caída de la demanda, es decir el consumo, principal generador de deuda.
En suma, para el capital financiero un panorama de
alto riesgo y de baja tasa de rentabilidad (se calcula no más del 1%). Frente a
esto, en medio de una gigantesca transformación en el modo de producir y la
intangibilidad y volatilidad de grandes activos, los fondos financieros buscan
y reclaman inversiones en activos “materiales” que las respalden. Porque una
cosa es la deuda y otra la garantía. Reclaman proyectos en las infraestructuras
generadas por los cambios. Obras en infraestructuras que, por su carácter de
base genérica, es decir pública, debe ser encarada o proyectada por los
Estados. Los grandes inversores y sus agentes se quejan de la falta de esos
proyectos. Buscan refugios menos riesgosos: infraestructuras aseguradas por los
Estados.
Infraestructura
es energía, agua, comunicaciones, transporte, tecnología. La propuesta es que
la intervención estatal no obstaculice la ejecución. Para ello debe limitarse
su papel regulador. La propuesta es que se trate de organismos
“autónomos”. Se proponen además
distintos tipos de arbitrios que operen como fondos de garantías tanto del
capital de las inversiones como de la rentabilidad, particularmente a través de
fondos de garantías. El papel del Estado es así el de garante sin meter las
narices.
Cabría
referirnos por inciso a un par de cuestiones:
a)
advertir que la
distinción del sector financiero del capital es solamente analítica. Vale
decir, por capitalismo entiendo un complejo de relaciones sociales que conforma
una unidad orgánica en la que distinguimos al menos el capital mercantil, el
industrial y el financiero. La actual hegemonía del sector financiero pone de
relieve la distinción ya que este sector ha generado mecanismos endógenos de
acumulación. Es lo que se ha llamado economía de crédito o de la deuda como
forma de apropiación del trabajo ajeno, coexistente pero subordinando y
re-funcionalizando las formas mercantil
y salarial.
b) referirnos a
este neologismo, sobre el que parece no hay aun acuerdo, financierización o financiarización. No se trata ya sólo del control de los flujos de
capitales orientados a futuros y derivados especulativos autonomizados de la
“economía real”. Ha sido señalada ya la derivación de resultados de las
actividades de las grandes cadenas de valor hacia el sector financiero en la
forma de bancos o fondos de inversión. Es decir de fondos que no son “productos
financieros” generados en la “ingeniería financiera” de titularización, futuros
y derivados, sino originados en la acumulación capitalista productiva no
reinvertidos en ella. Cargill, muy conocido por nosotros en la actividad
agrícola, es un caso emblemático con su Black River Asset Management. De modo que las grandes
corporaciones que “comparten sus ideas para el desarrollo” no están
desvinculadas de la financierización de la economía que, como vemos, aparece
seriamente cuestionada.
Quizá tardía e
interesadamente cuestionada.
Todo esto comprende muchos otros asuntos y aspectos. Entre otros
no menores, la repercusión social. El empleo, cantidad, calidad, las políticas
de contención, de control.
Es difícil, dado lo heterogéneo y rejuntado de las nuevas alianzas
políticas, la puja de distintos intereses que ya se manifiestan, el rumbo de la
situación económica y geopolítica global, arriesgar algún pronóstico. Pero es
un camino probable.
Razón suficiente para prestarle atención, investigar más
seriamente el tema y, sobre todo, cuáles y como pueden arbitrarse medios de
resistencia acordes. Para que las respuestas no sean tardías.
Edgardo
Junio 2016
