Los barones globales del dinero andan con problemas.
El nuevo gobierno con el acuerdo de la “oposición” ya les resolvió uno: pagó a
los célebres buitres, sigue pagando serialmente los intereses y sigue emitiendo
deuda soberana con tasas olímpicas. Y un perdón fiscal no pensado precisamente
para los fondos ocultos en Villa Soldati.
Hasta que lleguen las inversiones, dicen.
El 8 de junio el Ministro Frigerio confirmó el envío
al Congreso del proyecto de Participación Público Privada durante el 14° Foro
de Liderazgo en Infraestructura.
El 30 de ese mes Marval, O’Farrell & Mairal celebró
el acontecimiento. Se trata del estudio de abogados
más grande de la Argentina especialista en transacciones financieras internacionales, particularmente en energía y
recursos naturales, tiene oficina en Nueva York.
Capitales sin destino a la vista.
Pues bien, los fondos de inversión, los fondos de
riesgo, son demasiados. Sobreabundan, hay hiperliquidez. Y, a la vez hay
saturación de deuda, no solamente de los países llamados emergentes. China,
ahora potencia capitalista en todos los órdenes, tiene una deuda del 248% sobre
su PBI y, a la vez, fondos privados de inversión por 3,5 billones de dólares.
La economía mundial está en recesión y ello acarrea dos problemas: inseguridad de
los mercados y, lo más preocupante, peligro de ingobernabilidad.
La economía de la deuda, la ingeniería financiera de
los futuros y derivados, parece haber tocado techo. Los resonantes cambios
tecnológicos con sus innovaciones y la economía colaborativa y las grandes
cadenas globales de valor no parecen suficientes para reactivar la economía
productiva como lugar en que puedan alojarse los grandes flujos de capitales
líquidos.
Ni las tasas negativas del Banco Central Europeo, ni
la reducida tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo anunciado
aumento está congelado, ha derivado fondos hacia la producción. La baja de las
materias primas y todos los commodities ha dejado sin piso a muchos negocios
financieros y a las economías de América Latina.
Los fondos, buitres y palomos, acusan temor y no
hallan lugares mínimamente seguros para amarrar.
La consigna es, entonces, inducir a los gobiernos, que
ya se han transformado en simples gestores de endeudamiento y recaudación, a
asegurar, apalancar inversiones con obras de infraestructura ofreciéndolas como
garantías.
Krugman: endéudense.
La consigna de los vendedores de capital a los Estados
es endéudense. Así lo aconsejó el
premio Nobel Krugman al próximo gobierno estadounidense. A la potencia más
endeudada del mundo con déficits fiscal y comercial ingobernable. Asesor de la
escandalosa Enron y de Ronald Reagan, otrora autor de los mayores elogios a
Piketty, centinela de la gobernabilidad. La desigualdad extrema es peligrosa.
Hay que ponerse en el lugar de estos señores, sus
capitales están ociosos, la pirámide de deudas se constituye sobre la base de
activos intangibles, cuyo valor es convencional o producto de las expectativas
de ganancias. Si comienzan a caer, el efecto es de dominó, como fue el de las
hipotecas subprime en Estados Unidos
y no se sabe si esta vez se podrán socializar las pérdidas.
“¿Por qué no nos endeudamos e
invertimos?” Pregunta el Nobel. “Lo que más necesitamos es aumentar
fuertemente la inversión pública en todo, desde energía o transporte hasta el
tratamiento de aguas residuales”. Vale decir, infraestructura.
Después, a largo plazo, las deudas se pagarán solas:
endeudarse en infraestructura significará más ingresos fiscales (“Estos
ingresos adicionales probablemente serían más abultados que cualquier suba en
los pagos de intereses futuros”), generará empleos (Hay que tomar en cuenta “el
papel potencial de la inversión pública en la creación de empleos”) y lo más
importante “ofrecería una valiosa
garantía contra posibles sacudones futuros”.
Hasta acá el vocero ofreciendo la mercancía capital.
El problema es político.
El Financial Times publicó el año pasado un artículo de John
Authers: Hace falta un billón en
inversiones para infraestructuras. Dice: “Está claro que los inversores
privados tienen apetito por las infraestructuras”; una encuesta realizada a los
grandes fondos de pensiones arrojó que
muchos tenían previsto incrementar allí sus inversiones “más que en capital de
riesgo, los hedge funds o la mayoría de los activos. Pero esa inversión
conlleva un riesgo en la falta de garantías, especialmente en los mercados
emergentes. Pero “para los gobiernos […] representa un dilema político básico:
hacer que los ciudadanos paguen por algo que antes era gratuito es impopular”. Las
tarifas, claro. Después está el tema de que se tarda mucho más tiempo en
finalizar un proyecto que lo que dura una legislatura de un gobierno
democrático. “Es realmente un problema de política pública. Si hubiera un marco
financiero y fiscal sostenible los inversores aportarían el dinero para los
proyecto enseguida”. Para la gestora de activos BlackRock una solución sería “eliminar los
intermediarios y gestionar los proyectos ellos mismos”.
Quizá la alternativa sea tener sus propios
“ceo-representantes” en los gobiernos,
como parece que está sucediendo en América Latina.
Infraestructuras.
Inversiones en infraestructuras y APP, Alianzas Público
Privadas, o PPP, Participación Público Privada, son las palabras claves de la
salida que buscan los fondos de inversión.
Esto hace pensar en un cambio de estrategia con el cual se
abandona (en los fondos más fuertes) por demasiado riesgoso (“posibles
sacudones futuros”) para asentarse en garantías más tangibles, activos públicos
con un Estado como asegurador de la renta.
Y no es que lo digan economistas marxistas o criptomarxistas,
lo dicen los propios interesados, las agencias de negocios y finanzas, que son
quienes deciden, y lo adoptan luego los organismos intergubernamentales.
Después lo repiten también algunos amigos poco avisados, o
no.
Entre estos últimos, llamativamente un mes antes del envío
del proyecto de PPP, Rubén Lo Vuolo (asesor de Carrió y luego de Stolbizer) en Clarín, que abogó por el rápido pago a
los buitres, hizo una feroz crítica al capital financiero, y Mónica Peralta Ramos,
elogiada oportunamente por Cristina Fernández, por su parte en Página 12, sostuvo que “el talón de
Aquiles de Macri” es el endeudamiento que atenta contra las
inversiones en infraestructuras que son las que generarían el desarrollo que
genera empleo.
La aspiradora, el miedo y nuevas estrategias.
Daniel Lacalle es un economista español, asesor de negocios reconocido
por Extel Thomson Reuters Survey, una de las más importantes agencias de
negocios financieros, entre los mejores gestores de fondos. Escribió no hace
mucho El 'efecto aspirador': el dinero local escapa de los mercados emergentes. Decía: “Se estima que la inversión de
capital extranjera hacia los mercados emergentes caiga a […] niveles
inferiores a los de 2008 y 2009, en medio de la crisis. Esta caída de inversión
no está motivada por falta de liquidez, que es más que excesiva por las
inyecciones monetarias de los bancos centrales, ni por altos tipos de interés,
con 28 bancos bajando tipos y gran parte de las mayores economías con tipos
cero. […] Es caída de la inversión por saturación de deuda y percepción de riesgo muy superior
a lo que los bancos centrales anuncian. […] nos podemos encontrar con una
enorme cantidad de préstamos que son imposibles de pagar ante
un escenario de crecimiento pobre o recesión”. En suma, sobra liquidez pero hay saturación de deuda y miedo al riesgo.
“Para Daniel Weston, fundador de
Aimed Capital, «el dinero se está poniendo más defensivo por el riesgo de una
crisis deflacionaria o una recesión en el crecimiento global. Hay muchas
razones para que los inversionistas se alejen del riesgo en estos momentos»”.
Nuevo Poder es una publicación chilena
de corte liberal. Leo: “los
inversionistas han decidido realizar un cambio en sus estrategias globales.
Si antes lograr una mayor rentabilidad era lo que les quitaba el sueño, hoy lo que los mantiene despiertos es
simplemente tener su dinero en un lugar seguro”.
Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes.
El 31 de julio del 2012, el Secretario General de las
Naciones Unidas Ban Ki-moon anunció la composición de su Grupo de Personas
Eminentes.
El sector empresarial ha
estado representado por Paul Polman, director ejecutivo de Unilever, y Betty
Maina, directora ejecutiva de la Asociación de Manufactureros de Kenia.
El Grupo de Alto Nivel señala que consultó a los directores
ejecutivos de 250 empresas de 30 países, cuyos ingresos anuales superan los 8
billones de dólares.
Por otro lado, a principios del 2011, el Pacto Mundial lanzó
una nueva iniciativa con un número selecto de empresas, el Global Compact LEAD,
que cuenta actualmente con 55 participantes, incluidos Bayer AG, Heineken,
Lafarg, Tata, Coca-Cola y Vale.
En 2012 el Secretario General de la ONU puso en marcha la
RSDS, Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable con veintiún
representantes de empresas en su Consejo de Liderazgo que incluye a la minera
Anglo American y al grupo financiero Citigroup.
Las personas eminentes que asesoran a las Naciones Unidas son
los ceos de las empresas y las finanzas. La función de la organización mundial
es darle cobertura legítima a sus estrategias. Y esta se llama ahora “paradigma
de desarrollo sostenible”.
El desarrollo sostenible.
El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes fue el
consultado por la UN para elaborar la Agenda de Desarrollo Post-2015, primero y
luego lo fue nuevamente para la Agenda 2030.
Previamente, en diciembre de 2014, el Banco Mundial
publicó la opinión del gerente para América Latina de su organismo afectado al sector privado, la
Corporación Financiera Internacional, dedicado a las APPs. Decía éste: “América
Latina se enfrenta a una desaceleración económica después de una década de
bonanza […]. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar
grandes autopistas, acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor
demanda de servicios de los latinoamericanos”. Sostiene que aumentó la
relevancia de la inversión de los fondos en energía, transporte,
telecomunicaciones y agua y saneamiento. “Según los expertos, las dos grandes
ventajas de las APP son, primero movilizar financiamiento privado para que los
gobiernos no tengan que recurrir a sus recursos, a veces escasos sobre todo en
épocas de turbulencias económicas; y segundo, contar con el conocimiento y el
manejo gerencial y técnico del sector privado en proyectos que antes eran
gestionados por el sector público”.
Para la Agenda 2015 las eminencias de alto nivel
dijeron: “Las grandes empresas tienen
dinero y experiencia para crear las infraestructuras que permitan a todas
las personas conectarse a la economía moderna […] Se apoya un aumento de flujos
financieros mejor dirigidos en el sector privado; se apoyan los centros de
asociación público-privado en el seno de los distintos países; se fomenta la
inversión extranjera directa en los países en desarrollo…” “La fuente de financiación a largo plazo más
importante será el capital privado, proveniente de los grande fondos de
pensiones, fondos de inversión…”.
El año pasado la UN aprobó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Contó también con la participación del Grupo de Alto
Nivel de Personas Eminentes. En
consonancia, la CEPAL, meses pasados elaboró un Informe para nuestro
continente, Horizonte 2030.
Se trata en apariencia de una fuerte crítica a la
financierización. “La mayor presencia e
intervención del sector financiero en distintos ámbitos de la actividad
económica ha complicado la relación entre la actividad real y la financiera.
[…] la esfera de lo financiero tiende a primar sobre la esfera de lo real. Esto
forma parte de un proceso de financiarización, definido como la creciente
importancia de los mercados financieros, las instituciones financieras y las
élites financieras en el funcionamiento de las economías y sus instituciones de
gobernanza, a nivel nacional e internacional”.
Pero “La creciente desigualdad, la presión del ajuste
externo sobre las economías más débiles y la caída de la inversión junto con la
multiplicación de los activos financieros conforman un cuadro de incertidumbre
y baja demanda agregada […]. Superar este
escenario exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el
pleno empleo a nivel global […] y una
nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad
generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de
capital”.
“La inversión en
infraestructura favorece el cambio estructural progresivo orientando hacia
la reducción de las diferencias de productividad entre sectores y empresas de
un país, al tiempo que se fortalecen los vínculos con el exterior y se aprovechan las oportunidades que ofrece
la economía global”.
Finalmente “La trayectoria que proponemos tiene como condición clave la participación conjunta de
los actores públicos y privados para incentivar la acción colectiva en
favor de un nuevo estilo de desarrollo
con aumentos sostenidos de la productividad y la competitividad”.
Vale decir, la arquitectura financiera se ha vuelto
volátil e incierta, alejada de la economía real, superar la situación es volcar
esos activos en bienes públicos, con la participación conjunta de actores
públicos y privados: las APP o PPP, como prefieren los autores del proyecto
presentado al Congreso, siguiendo las siglas en inglés, Public-Private Partnerships.
La Casa del Altos Estudios.
El año pasado la Casa de Altos Estudios de la Bolsa de
Comercio, que maneja el índice de valores de las acciones más importantes del
país, el célebre Merval, del cual es vicepresidente Nicolás Caputo, el
“hermano” del Presidente Ingeniero Macri, publicó “Participación del sector privado en la infraestructura: oportunidades e
instrumentos” de Ariel José Chirom y Alejandro Gabriel Schachter.
El trabajo sintetiza la mirada de ese sector. Lo
resumiré.
Infraestructuras. La noción de infraestructura comprende un conjunto de
estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil en los
sectores de energía eléctrica, transporte, telecomunicaciones y agua y
saneamiento.
Mecanismos para atraer inversiones por parte del sector privado. En una APP, el sector privado es contratado por el
sector público a fin de producir un activo público o proveer un servicio. Se
caracteriza por ser una relación de largo plazo entre ambas partes, con riesgos
y retornos “compartidos”.
No se trata sólo de que el sector privado financie
infraestructura, el aspecto clave de este
tipo de asociaciones consiste en que el sector privado gestione la producción o
provisión de un activo o un servicio.
La APP genera
que el privado se haga cargo del proyecto en
su totalidad, integrando costos de construcción, diseño, operación,
mantenimiento y reformas. Otorga cierta libertad
al privado de buscar mecanismos y soluciones innovadoras que generen mejoras de
eficiencia.
El rol del sector público. Resulta
necesario procurar la generación de
incentivos correctos a fin de favorecer la eficiencia de la inversión privada.
Brindar señales claras a los inversionistas de que los
compromisos incluidos en los contratos serán cumplidos.
En este marco, se destaca la relevancia del órgano
regulador: el mismo debe ser autónomo y sus directivos deben actuar con
independencia y competencia. Asimismo, este órgano debe contar con autonomía
presupuestaria y administrativa, no
debiendo estar sujeto a los procedimientos generales del sector público.
Las características deseadas tienen como objetivo que el órgano regulador no
sea “capturado” por parte de las empresas reguladas ni tampoco por el
gobierno.
Instrumentos para mitigar el riesgo regulatorio o de política. El riesgo de
política debería ser mitigado principalmente por el sector público, ya que
el mismo es el principal influyente en este último.
Garantías. Ante el elevado nivel de
desconfianza actual del sector privado, se requiere la introducción de
garantías que otorguen tranquilidad al mismo respecto a que el sector público
cumplirá con los contratos firmados. De esta forma se propone el
establecimiento de un fondo de
infraestructura de garantías. El mismo debería estar constituido a partir de activos que sean suficientes
para garantizar la confianza del inversor. El activo ideal como garantía serían bonos del gobierno de
largo plazo.
Una duda por parte del privado podría ser que si el
país se encuentra ante una crisis macroeconómica podría también ingresar en
default esa deuda invalidando así la garantía. En base a esta duda se recuerda
que los bonos soberanos siempre tienen un valor de recupero (cercano al 30%
como mínimo generalmente), por lo que sólo
bastaría con ampliar el monto disponible para garantizar o incluso se podría
hedgearlo parcialmente con seguros contra default.
Una forma de mejorar las garantías del fondo, sin
comprometer más capital, podría ser que esos bonos argentinos fueran vendidos
para comprar otros menos riesgosos. “De esta forma el costo para el gobierno es
sólo el diferencial de tasa de interés”. Es indispensable
que esta garantía se encuentre administrada por alguna sociedad que se
encuentra por fuera del accionar del gobierno en pos de brindar confianza
al inversor. Preferiblemente alguna
sociedad extranjera.
Al emitir bonos, emisiones de deuda, la principal ventaja es la posibilidad de ser
demandado por inversores institucionales (aseguradoras o fondos de pensión),
hecho que permite la emisión de deuda a mediano/largo plazo. Además, en caso de
estar adecuadamente estructurados, poseen el potencial de un mercado secundario
que limita la iliquidez de los mismos.
Los riesgos que garantizaría ese fondo.
a) Riesgo de demanda: es particularmente importante
para proyectos de transporte o de energía. La incertidumbre respecto al flujo
futuro de ingreso de efectivo.
b) Contratos futuros de demanda asegurada: garantizar
la adquisición de la energía de un porcentaje de la producción.
c) Garantías de ingreso mínimo: Han sido utilizadas
para garantizar un ingreso mínimo en proyectos
de transporte, especialmente concesiones de rutas.
Traducción.
Podemos señalar aquí algunas cuestiones.
Las infraestructuras mencionadas son los recursos
básicos de cualquier nación, por lo tanto los bienes públicos por excelencia.
Los mecanismos para atraer inversiones privadas
comprenden y exceden la financiación pues deja en sus manos los proyectos en su
totalidad.
El rol del “sector público”, hasta aquí personificado
en el Estado, es cumplir con sus compromisos, es decir renunciar a su atributo
de, en su caso, rescindir los contratos. La regulación no queda a cargo suyo
sino de un organismo completamente autónomo sin estar sujeto a los
procedimientos generales del sector público, es decir ni al gobierno ni al
parlamento.
Todo lo que queda al Estado es garantizar la inversión
mitigando el riesgo regulatorio y de la política. No solamente dejando en manos
de los inversores la totalidad del proyecto, sino protegiendo su crédito. Para
lo cual tiene que crear un fondo de garantías emitiendo deuda a largo plazo, lo
cual significa doble garantía.
Y más aún, garantizarle su inversión aun en el caso de
que el país sufriera una crisis, emitiendo deuda por un monto superior, por las
dudas baje el valor de los bonos necesarios para la garantía. En ese caso
podría “hedgearlo parcialmente”, es decir dejarlo en manos de los fondos de
alto riesgo, es decir los buitres. Pero aún más, si al canjear los bonos
argentinos por otros de menos riesgo, que pagan menos interés, el Estado se
haría cargo de esa pérdida al rescatarlos.
Para cumplir con esta misión, pagar como sea, es
indispensable que lo administre una sociedad extranjera.
Todo eso para garantizar la demanda del servicio, es
decir el consumo de lo que haga produzca o venda y de ingreso mínimo, es decir
la ganancia.
A ello llaman riesgo compartido.
Agregan a esto la posibilidad de que las acciones de
estas APP se vendan en bolsa y con ellas se puedan generar “productos
estructurados”, es decir nuevos futuros y derivados. Con los que, obviamente,
los mismos fondos financieros puedan seguir jugando a la especulación. Negocio
a dos puntas con la máscara del Estado.
Siguiendo en consejo de los eminentes de alto nivel y
la casa de altos estudios.
Y en consonancia con los decretos anteriores en el
mismo sentido que recuerda en sus fundamentos. Uno de Eduardo Duhalde y otro de
Néstor Kirchner.
Copiando parcialmente la legislación de Perú,
Colombia, Brasil y Chile, país este último que aplica el sistema al régimen
penitenciario, incluyendo el monitoreo de la situación de los liberados después
del cumplimiento de la codena. El Proyecto enviado al Senado va un poco más
allá incluyendo la defensa nacional, el
régimen hospitalario, la investigación y la educación. Y hasta zonas
francas: es decir, proyecto ejecución y administración de centros tributarios.
Cualquier despistado diría que se trata de la soberanía nacional.
Con razón Marval, O’Farrell & Mairal, el estudio
jurídico financiero ya mencionado, celebra que “El régimen impulsado por el PEN
implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las
prerrogativas de derecho público de la Administración (entre otras, el
poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de
interés público…”).
No tiene sentido transcribir acá los aspectos más
significativos del Proyecto PPP elevado por el Poder Ejecutivo ya que sigue
todos los pasos marcados por el trabajo auspiciado por los amigos de la Bolsa en
la que el hermano Nicolás Caputo es figura relevante.
La lectura de su resumen basta.
Por lo demás, la brevedad y hasta ambigüedad del texto
deja la puerta abierta a una interpretación “flexible” por parte del Poder
Ejecutivo. Entre otras las de ofrecer como garantías la percepción de impuestos
y, como lo sugiere el trabajo de la Bolsa, la emisión de títulos valores para
que funcionen como “productos estructurados”, vale decir, como futuros para
nuevas pirámides financieras. Esta vez con la legitimación del Estado y la
garantía anticipada de los bienes públicos, es decir de todos nosotros.
Con lo cual el capital financiero mitiga su
volatilidad e incertidumbre.
Sin panfletos.
Global Policy Forum es un organismo de control
independiente que, con carácter consultivo, supervisa el trabajo de las
Naciones Unidas y escruta la formulación de políticas globales. Sus miembros
son o han sido asesores especializados en muy diversos asuntos abordados por la
UN.
Lou Pingeot realizó un informe, La influencia empresarial en el proceso Post-2015, analizando la
iniciativa que postula la asociación de estos grandes jugadores junto a los
gobiernos con el título de multi-actor o Alianza Público Privada.
Interroga: “¿Han alcanzado las metas propuestas las
iniciativas multi-actor y las alianzas público-privadas? ¿Han fortalecido las
comunidades locales y satisfecho sus necesidades? ¿Cuáles son los riesgos y
efectos secundarios para las comunidades afectadas?”
Y concluye: “En un contexto en el que las exigencias
de información y las normas de responsabilidad para las APP se encuentran en un
nivel muy bajo, es difícil evaluar su éxito o fracaso. Existe un cuerpo de
investigación académica sobre los resultados de las APP, con muchos estudios de
casos específicos de APP a nivel local y nacional, y en una amplia gama de
áreas, incluyendo la salud, la prestación de servicios públicos y tecnología.
Sin embargo, las conclusiones más generales, por ejemplo sobre cuánto dinero aporta
el sector empresarial y la forma en que se asigna, no siempre se han elaborado
a partir de estos estudios”.
PPP ¿Poder Político Privado?
Lo que vimos es un aspecto de lo que Juan-Ramón
Capella llama “soberano supraestatal difuso”.
No literalmente una confabulación, una conjura o una
conspiración. Más bien elaboraciones de estrategias conforme a una lógica en la
que hasta la apariencia pública de los estados y los organismos internacionales
o intergubernamentales es expropiada.
Si los Estados, como ya lo dijera Marx hace más de un
siglo y medio, estaban a merced de los acreedores de la deuda pública, hoy
eufemísticamente soberana, esta nueva estrategia adopta la máscara estatal como
propia a través de la “alianza”, el multi-actor o la “participación”. Ya no se trata de un poder en la sombra, ni
de gabinetes en la sombra.
Este ceomacrismo, hemos visto, no es demasiado
original. Ni en el campo internacional, desde que Kofi Annan, siendo Secretario
General de la UN dio luz verde anunciando en el Foro de Davos la creación del
Pacto Global, cuna de los eminente de alto nivel; ni en el campo nacional,
desde que Duhalde, primero y Kirchner luego nos legaron sendos decretos de
alianzas público privadas. Claro es que por esas épocas no prosperaron.
Los organismos intergubernamentales de crédito ya
habían adoptado el sistema de reconversión de sus créditos en créditos de los
fondos privados. El Plan Brady de restructuración de las deudas, ya con el
default de Rodriguez Saa, exigía el cobro de sus créditos a través de
entregarlo a los fondos. A Duhalde no le dieron los tiempos políticos y la
tarea quedó a cargo de Kirchner, que siguió el ejemplo de Lula. Los fondos
pudieron armar su arquitectura especulativa ya también con las deudas
soberanas. Esta es la arquitectura que ahora tiene saturada la deuda de los
países emergentes y que exige las APP y PPP. La puntada final para prepararlas
fue el pago a los holtdous, sin pataleo.
Ahora, como propone la BlackRock a “eliminar los intermediarios
y gestionar los proyectos ellos mismos”. Las PPP de Public-Private Partnerships a Poder Político Privado. Para eso
están los ceos.
Edgardo Logiudice
Agosto 2016
