“Los marineros
se afanaban día y noche achicando el agua de la sentina. Cada día que
pasaba, a línea de flotación estaba más abajo”. Pablo de Santis, Crímenes y jardines. Buenos Aires, 2013, Planeta.
En 1968 en la República Federal Alemana con el arbitrio de una
prescripción, la ley Dreher posibilitó que los jerarcas nazis, de menor responsabilidad
presunta que no habían sido condenados, ocuparan cargos de responsabilidad
política y judicial. No había norma constitucional que se opusiera a ello.
En Página 12 del 12 de enero el politólogo y periodista o, como
prefiere ser anunciado, analista político, Edgardo Mocca, hace la defensa del
nombramiento como jefe del ejército del,
ahora, Teniente General Milani. Allí
sostiene que el ascenso y la designación “se hicieron según lo disponen la
Constitución y las leyes”.
Como es sabido, la
decisión de la titular del Poder Ejecutivo fue objetada por organismos y
figuras representativas de la defensa de
los derechos humanos, en particular por Centro de Estudios Legales y Sociales.
Sin embargo el profesor Mocca, para enunciar sus argumentos, prefiere polemizar
con el diario La Nación. Puede
suponerse que las razones de esta elección se basen en la popularidad del
medio, lo que podría mellar la confianza de esos sectores populares en el
modelo de desarrollo con inclusión del gobierno nacional y popular o que los
argumentos del diario de los Mitre sean más serios o importantes que el de los
mencionados organismos y referentes.
Es probable también que
las objeciones de La Nación, fundadas
en los argumentos genocidas de la dictadura
sean más vulnerables y más fáciles de impugnar dada la trayectoria de la patricia familia. De
todos modos la verónica para eludir la impugnación directa, en particular al
informe del CELS, sólo ha podido ser resuelta mediante una serie de sibilinas
conjeturas en las que Mocca pretende encubrir su posición de encomio a las
decisiones discrecionales de la Jefa Suprema de las Fuerzas Armada y la
reedición del argumento de la obediencia debida.
De todas maneras su
posición es coherente con la ya clásica estrategia mediática de este gobierno. Descender
los cuadros de papel para ascender a los cuadros de carne y hueso. Renegar de
los noventa para poblarse de ucedeístas. Condenar al FMI y honrar la deuda,
negociar con los buitres, Marsans y el Club de París.
Con pretensiones gramscianas
el académico nos informa que la cuestión no es jurídica ni ética sino política,
de relaciones de fuerza. Donde conviven
razones estratégicas y conceptuales. Así: dada la “realidad cada vez más conflictiva del capitalismo realmente existente,
no parece prudente una política de liquidación de los propios recursos de la
defensa nacional”. Lo que parece querer decir que debemos estar preparados
para algún conflicto.
Como vimos el ascenso y
designación es una cuestión política cuya iniciativa corresponde a la
Presidenta de la Nación, a la vez comandante en jefe. Tratando el mismo asunto
en el programa televisivo 6,7,8
el periodista afirmó que eso significa
que el Poder Ejecutivo es soberano. Y
cuando le cupo defender la llamada Ley de Defensa de la democracia, frente a
las objeciones de los sectores que la consideraban un retroceso
anti-democrático, el señor Mocca adujo que las razones de la Presidenta
seguramente se fundarían en alguna
“Razón de Estado”, que como tal se trata de una decisión soberana no
sujeta a discusión.
Son esas las cuestiones
conceptuales cuyo significado el profesor Mocca no puede ignorar. Se debe
suponer que sabe que significa el absolutismo y quien fue el Cardenal
Richelieu.
Con esa idea estratégica y
esas conceptualizaciones el periodista elabora la defensa. Claramente
inescrupulosa. Para el abogado de Milani, en definitiva, no nos debe importar
si tiene alguna responsabilidad en la desaparición del soldado. La vieja
chicana leguleya del “no ha sido probado”, válida en un estrado judicial,
Mocca, que dice que el asunto no es jurídico, la traslada al ámbito político.
El periodista, que afirma
que no se trata de una cuestión “ético-moral” [sic] sostiene que, de haberla,
estaría lavada por su posterior conducta: “acaso el
renunciamiento moral (aparente, porque tampoco ha sido probado) a reconocer una
culpa pasada tenga que ser evaluado junto con su comportamiento real en los
últimos años”.
Y parece ser que la razón
de Estado de la Presidenta soberana tampoco ha desatendido esa cuestión moral,
que para el propio Mocca no sería pertinente. La Presidenta es más benévola que
el analista. “La decisión política de la
Presidenta no significa una devaluación de la importancia de las cuestiones
morales involucradas en la conducta de Milani. Sería así, por ejemplo, si se
aceptara en homenaje a la realpolitik actual que un probado represor de la
dictadura ocupara un cargo jerárquico en el ejército o en cualquier otra
institución dependiente del gobierno. No es el caso del jefe del Ejército.”
En ejercicio de la
soberanía y la “razón de Estado” la Presidenta podría haber nombrado a un
represor, sólo significaría una devaluación de la importancia de las cuestiones
morales.
Y lo podría haber hecho
porque, además, otros lo hicieron. Grande la Presidenta, no nombró a un
“probado represor de la dictadura” que estuviese en condiciones de ejercer el
cargo. Si quedara alguno, claro.
Pero, por las dudas, porque
la alcahuetería tiene el límite de quedar pegado, Mocca afirma: “Tampoco se trata de un `inocente´. Claramente no los
hay entre quienes formaban parte de los cuadros militares de la época de la
barbarie dictatorial y no son tan abundantes en la sociedad argentina tomada en
su conjunto. Eso no impidió que muchos de esos militares condujeran a las
fuerzas durante estos treinta años de democracia. Más aún, sobre muchos de los
que ocuparon diferentes niveles de conducción militar pesaban antecedentes
mucho más graves, pasados y actuales, que aquello de lo que se acusa a Milani”. No hay cuadros inocentes y éste, que tampoco lo
es, puede conducir la fuerza en democracia porque otros lo han hecho. En suma,
“es lo que hay”, dice nuestro politólogo.
Pero siempre queda, para el caso de que se comprobara el delito
de lesa humanidad (expresión que Mocca parece ignorar) un último recurso: la obediencia debida: “no se acusa a Milani de asesinar o torturar
sino de firmar un documento burocrático que atestigua la `deserción´ de un
soldado que en realidad había sido secuestrado y asesinado; una acusación, hay
que aclarar, que no ha sido probada. Es probable que la falacia del documento
firmado fuera conocida por el entonces subteniente Milani; estaríamos ante una
conducta indudablemente culpable, a lo que podría agregarse la posterior
negación de ese conocimiento. Es decir que estaríamos
ante el caso de un oficial de muy baja graduación que no tenía entonces ninguna
posibilidad cierta de evitar el asesinato de un soldado, que formaba parte de
una maquinaria de poder vertical y férreamente disciplinada y que condescendió
–sin muchas posibilidades de negarse– a poner su firma en un documento
encubridor”.
Según nuestro “analista político” se trata de “enmarcar su análisis en una mirada de
conjunto, capaz de establecer la jerarquía de las distintas cuestiones que
están en juego”.
Quiero pensar que, probablemente, en algún tiempo,
el hoy profesor, hubiera pensado que en realidad se trata de otra cosa menos
“académica”. De un soldadito a la fuerza de la leva, un colimba, frente al
poder, no de un pobre joven subteniente que firma informes burocráticos, sino
de un joven que eligió voluntariamente un uniforme pintón para hacer la
“carrera de las armas” en el tristemente glorioso ejército argentino. Nacional,
popular y democrático. De la opresión
frente a la materialidad del poder. De la impunidad.
Mocca optó, percibe la soldada.
No se trata de la ética de Milani, ni siquiera de la
Presidenta de la Nación. Es la de un cagatintas.
Edgardo Logiudice
Enero 2014.
